La decisión fue tomada por la jueza María Eugenia Capuchetti. Tal como está previsto desde el inicio de la pandemia, todos los presos que ingresan al Servicio Penitenciario "deben cumplir un aislamiento de siete días"
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Es parte de un plan que apunta a que los presos puedan participar de audiencias, capacitarse y tener contacto con familiares. La iniciativa fue impulsada por Garrigós de Rébori.
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