La procuradora Alejandra Gils Carbó fue procesada este jueves por la presunta comisión del delito de "administración fraudulenta" en la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación, en la que actuó como intermediario el medio hermano de un subdirector de ese organismo. La decisión fue adoptada por el juez federal Julián Ercolini en la causa por la compra de un edificio, en 2013, en la calle Perón al 600, por 44 millones de pesos. En la operación se pagaron 7,7 millones de pesos en concepto de comisión. Ercolini firmó un fallo de 211 páginas en el que consideró a la Procuradora coautora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por el presunto direccionamiento de la licitación para la compra del edificio y dictó un embargo hasta cubrir la suma de siete millones de pesos. El edificio, donde funciona actualmente la sede principal de la Procuración y el despacho de Gils Carbó fue adquirido a la empresa Arfinsa
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