La Corte Suprema le dio traslado en función de la ley -votada y promulgada en mayo pasado- que interpretó que el beneficio no es aplicable frente a crímenes de lesa humanidad. "El Congreso de la Nación, al sancionar la ley 27.362, ha recogido la única interpretación constitucionalmente válida de la regla que preveía la ley 24.390", indicó.
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