El ministro de Industria, Luis Lichowski, culpó a Nación por los impuestos que se cobran a los barcos que podrían operar en el puerto cuya licitación cayó dos veces y él la declaró desierta, perjudicando al Grupo Fénix por motivos poco claros.
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En una medida sorpresiva, el estado misionero firmó un acta de entendimiento con el Grupo Casport (Compañía Argentina de Servicios Portuarios), asegurándole el pago de los subsidios necesarios para el emprendimiento, si Casport no consigue el volumen de carga necesario para hacer rentable la actividad. Sospechas sobre una injerencia del Grupo Closs y Petrovalle, en la adjudicación a Casport, un grupo que no había llegado a cumplir con los requisitos en el primer llamado a licitación.
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