Tras la firma de convenio de trabajo entre la Dirección de Discapacidad de Posadas y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM, se llevó a cabo la reunión de trabajo para organizar la formación de empleados municipales.

El eje estará basado en la temática de discapacidad desde un enfoque de derechos humanos, tal como lo establece la Ordenanza XII N° 100 promulgada por decreto 1811/21 de la Municipalidad. Esta legislación dispone de la formación obligatoria para todas las personas que se desempeñen en la administración pública en todos sus niveles y jerarquías.

Estuvieron presentes por parte de la Municipalidad de Posadas la Directora de Discapacidad, Lic. Natalia Falcone y la Directora General de DD.HH, Dra. María Florencia Salgado; la Vicedecana, Dra. Zulma Cabrera; la Directora de la Carrera de Educación Especial, Esp. Liliana Garayo; de la Oficina de Inclusión Educativa, Prof. Lis Zamudio.

“Con estas capacitaciones no buscamos formar expertos en la temática; sino agentes públicos más sensibles y capaces de diseñar políticas, de cualquier tipo, con perspectiva de diversidad, contemplando las barreras del entorno y el apoyo que requieren las personas con discapacidad”, explicó Natalia Falcone. “La formación y la capacitación son fundamentales para erradicar las prácticas discriminatorias, y es indispensable que el Estado cuente con estas herramientas para garantizar derechos”, dijo.

La Ordenanza XII N° 100 tiene como objetivo garantizar la formación y capacitación integral en materia de igualdad e inclusión en la lucha contra la discriminación, promover la igualdad en la diversidad y erradicar prejuicios y estereotipos estigmatizantes en la administración pública. Asimismo, también dispone, que las personas que se nieguen a realizar las capacitaciones podrán ser intimadas en forma fehaciente por los órganos de implementación.

De este modo, se busca concientizar ampliamente sobre las distintas modalidades de discriminación, evitando situaciones discriminatorias en oficinas públicas y asegurar que el Estado sea promotor y garante de los derechos de las personas.