En una medida sorpresiva, el estado misionero firmó un acta de entendimiento con el Grupo Casport (Compañía Argentina de Servicios Portuarios), asegurándole el pago de los subsidios necesarios para el emprendimiento, si Casport no consigue el volumen de carga necesario para hacer rentable la actividad. Sospechas sobre una injerencia del Grupo Closs y Petrovalle, en la adjudicación a Casport, un grupo que no había llegado a cumplir con los requisitos en el primer llamado a licitación.
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