Entre los sentenciados hay exjefes y subalternos de fuerzas seguridad nacionales y provinciales. El veredicto de este proceso oral y público llegó tras cuatro años de audiencias.
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Así lo señaló el equipo de abogados de la dirigente. Ayer, viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó "medidas alternativas a la detención preventiva" tales como el arresto domiciliario o bien que "pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica".
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