Los imputados actuaron de manera conjunta, mediante distribución de roles. Además, aprovecharon "el estado de indefensión de la damnificada". Se sumó como particular damnificado el Gobierno bonaerense a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia.
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La calificación legal pasó de “averiguación de causales de muerte” a “homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y por tratarse de miembros de la fuerza de seguridad policial en abuso de sus funciones”.
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