La norma busca proteger a los pequeños agricultores que recurren a la compra de tractores usados de países limítrofes y son criminalizados por las fuerzas federales. No tienen posibilidades de comprar equipamiento argentino por los altos precios, ni acceso al crédito. El proyecto establece la posibilidad de legalizar los existentes y de importar con “tasa cero”.
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