Refuerzan los controles a empresas y ya hay doce sectores en la mira
Refuerzan los controles a empresas y ya hay doce sectores en la mira
Refuerzan los controles a empresas y ya hay doce sectores en la mira
Se reglamentó la ley de defensa de la competencia en tiempo récord. Analizan desde supermercados hasta combustibles con el objetivo de reducir la inflación. Durante los últimos días los funcionarios más importantes del oficialismo salieron a manifestarse contra la remarcación de precios de las empresas, lo que termina en una escalada inflacionaria. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal le pidió a su equipo un informe sobre las firmas que más aumentaron sus precios y Elisa Carrió se enojó con los supermercados y afirmó que no volvería a pisar uno. O el propio vicejefe de Gabinete Mario Quintana, quien fue aún más allá: "En la Argentina hay empresarios cartelizados que se benefician con la devaluación y, por ello, a muchos les gustan los controles de precios". En ese contexto, el presidente de la Nación aceleró la reglamentación de la nueva ley de defensa de la competencia, que entra en vigor el lunes. Los controles a las posiciones dominantes, a los carteles corporativos y a los abusos propios de fusiones y adquisiciones pasarán de la esfera política hacia una nueva entidad técnica y autárquica del poder de turno. El nuevo titular de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) surgirá por concurso y tendrá un mandato de cinco años para superar la vigencia de un período presidencial. Algo similar a lo que ocurre con los titulares del Banco Central. En paralelo hay 12 sectores en la mira con investigaciones abiertas, indicó el diario La Nación. La iniciativa impulsada por Carrió y Mario Negri marca nuevas reglas de juego que entrarán en funcionamiento completo en 30 días y que serán herramientas con las que se busca dar batalla contra la inflación. Uno de los ejes principales pasa por las sanciones. Ahora se calcularán en unidades móviles. Eso implica que, por citar un ejemplo, un límite que antes se fijaba en unos $150 millones ahora puede llegar a $4.000 millones. También que habrá un nuevo criterio monetario en el que juega la facturación. De manera de tener en cuenta también la escala de una compañía y hacer que el castigo por un delito sea acorde con su tamaño, agrega el matutino. Se impulsarán también los programas de clemencia para aquellos casos en donde existan presuntas cartelizaciones en los que se podrá apelar a la figura del arrepentido y este pueda presentarse ante la máxima autoridad. Prevé la reducción o exención de multas a las empresas que aporten datos para detectar violaciones de la ley. Puntualmente, exime de sanción al primer potencial integrante de un cartel que aporte las pruebas necesarias que permitan detectar casos de cartelización. También hay cambios importantes para las fusiones y adquisiciones. En la Argentina, debido a la demora de las aprobaciones, que tardan en promedio tres años, las operaciones se dan de hecho y luego cuesta corregirlas. Ahora el sistema será de control previo y no posterior. Esto implica que gran parte de las operaciones que hoy se investigan no podrán suceder hasta que se les dé luz verde. Respecto de las multas, indica que las empresas que incurran en prácticas monopólicas y de cartelización deberán pagar una multa de hasta el 30% del volumen de negocios asociado a los productos o servicios involucrados en la conducta ilegal multiplicado por la cantidad de años en los que hayan sostenido esas prácticas. Ese monto no podrá exceder el 30% del total de negocios de la empresa involucrada. Esteban Greco, el presidente de la actual Comisión de Defensa de la Competencia, tiene las investigaciones abiertas en 12 sectores. "Se va a llamar a concurso para los siete cargos, cinco del tribunal en formación más dos secretarios que se incorporan", admite el funcionario. La cúpula cambia, pero no así el equipo de técnicos. Además se crea formalmente la Autoridad Nacional de la Competencia, un organismo encargado de controlar y fijar sanciones, compuesto por un tribunal de cinco miembros y dos secretarías: las de Conductas Anticompetitivas y de Concentraciones Económicas, remarcó el diario La Nación. Hasta ahora, por la ley vigente, la 25.156, la autoridad de aplicación era la Secretaría de Comercio Interior, que depende del Poder Ejecutivo. La nueva autoridad de referencia será independiente y descentralizada. Se prevé un mecanismo de convocatoria por concurso a los posibles titulares que deberá contar con respaldo del Senado. [Leer más]
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