Redes: Amnistía Internacional alerta sobre el uso de “trolls” en defensa del Gobierno, el oficialismo lo niega

La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) alertó sobre el funcionamiento, en las redes sociales, de las agresiones a la libertad de expresión de periodistas y defensores de derechos humanos en la Argentina. La entidad destacó que esta acción coordinada se despliega desde cuentas identificadas con el Gobierno nacional. "Absolutamente no existen. No tengo conocimiento y no creo que exista eso en nuestro Gobierno para nada", subrayó Rogelio Frigerio al ser consultado sobre el tema. AI describió que la mecánica funciona de la siguiente manera: ante una opinión crítica a una medida de gobierno o a algún funcionario, se activa una dinámica en las redes sociales que termina en un ataque de la “cibertropa”. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sostuvo que "no es una política del Gobierno" el uso de 'trolls' o 'cibertropas' en Twitter, al responder hoy a un informe de Amnistía Internacional (AI) sobre ataques a periodistas y dirigentes humanitarios mediante acciones coordinadas de referentes oficialistas. Frigerio remarcó hoy que está "de acuerdo en que se arbitren medidas para que no se usen los recursos de la gente para financiar este tipo de cosas". "Primero voy a leer el informe y seguramente me comunique con ellos. Tenemos vínculos con esa organización y perfectamente estamos dispuestos a escuchar sugerencias para mejorar la forma en que gobernamos", apuntó el ministro del Interior. “El método utilizado combina la acción de cuentas personales de referentes políticos, trolls (cuentas cuyo registro violento bloquea el debate y desvía la conversación), bots (cuentas parcial o totalmente automatizadas en sus interacciones) y seguidores regulares. En algunos casos, los voceros oficiosos, los formales y los informales, difunden información falsa (fake news) atacando a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El objetivo es generar acciones con el fin de producir algún efecto en la opinión pública, en la circulación de la información o en la persecución de opiniones críticas”, señala el informe. AI realizó un relevamiento del comportamiento de este tipo de agresiones en Twitter entre el 22 de octubre y el 14 de noviembre del año pasado. Tomó como universo de análisis las cuentas de ocho periodistas (Hugo Alconada Mon, Edi Zunino, Maria O’Donnell, Reynaldo Sietecase, Romina Manguel, Marcelo Longobardi, Ernesto Tenembaum y Nelson Castro) y la que corresponde a la difusión de las actividades del premio Nobel de la Paz y dirigente del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel. También trabajó sobre las menciones al periodista Carlos Pagni y a la directora ejecutiva y vocera de Amnistía en la Argentina, Mariela Belski, quienes no tienen cuenta de Twitter. En el informe, en el que participaron los investigadores Martín Becerra, Luciano Galup y Juan Pablo Pilorget, se analizaron 354.000 tweets. Desde AI explicaron que se eligieron estas personas por su relevancia pública, pero además porque el hecho de que no tengan un comportamiento crítico al Gobierno constante permite identificar más claramente el funcionamiento de los ataques. “Su carácter diverso, su diferente inserción en distintos medios de comunicación y sus reconocidas posiciones también variadas en términos ideológicos y de afinidades político culturales, dota a los resultados de mayor representatividad, ya que las tendencias observadas se registran de modo simultáneo en todos los casos”, describieron. En el período analizado, entre los temas de la agenda pública se destacaban la muerte de Santiago Maldonado -en el marco de un operativo represivo de la Gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen, en Chubut– y el arresto de dirigentes políticos vinculados al kirchnerismo, así como la difusión de las imágenes de la detención, en su domicilio, del ex vicepresidente Amado Boudou. En el caso de Belski, el ataque, que consistió en la difusión de una noticia falsa, se produjo luego de que Sergio Maldonado, hermano de Santiago, diera una conferencia en la sede de Amnistía. AI detectó regularidades en el modus operandi de las agresiones: “la coordinación –temporal y temática- se realiza mediante la participación de algún guía o figura autorizada por su relevancia dentro del segmento de cuentas afines al oficialismo nacional que funcionan como habilitadoras de un entorno discursivo”. En un segundo momento, que corresponde al ataque serial, “no expone -aunque hay excepciones- a referentes oficialistas en el frente de las provocaciones, sino que los recursos que se despliegan son trolls y bots, es decir cuentas que combinan contenidos generados por usuarios genuinos, destinados a profundizar la agresión, con actividades de retweeteo y faveo orientada a dotar de mayor relevancia y escala el ataque donde se despliegan intervenciones automatizadas y semiautomatizadas”. AI afirma que no puede identificar al Gobierno como responsable de los ataques. Sin embargo, destaca que hay una “secuencia de responsabilidades” en cuyo origen hay funcionarios o voceros formales del oficialismo y también cuentas que, identificadas políticamente con el Gobierno nacional, no tienen vínculo formalizado o público aunque en las redes sociales son reconocidas (y en sus perfiles también se reconocen) por su oficialismo. Entre ellos, hay “agentes de diferente rango”: están los habilitadores y los replicadores. Los “habilitadores” construyen el escenario en el que se identifica al objeto de hostigamiento y realizan una intervención que funciona como autorización para el acoso. Luego, se produce el ataque serial con cuentas anónimas o automoatizadas y perfiles que, como “células dormidas”, se activan sólo para participar de la agresión. El informe menciona como “autoridades” de las cibertropas (las que más interacciones generan) a los usuarios @AlfredoDarrigo, @LtCastilloVice, @GustavoBruzone, @santosjorgeh, @hepoggi, @PajatitaTw, @GFrondizi y @Winston_Dunhill. Señala que los usuarios que retweetean a estas cuentas también interactúan con algunos de los periodistas atacados –con tweets agresivos-y con @edufeiok (el periodista Eduardo Feinmann), @FerIglesias (el diputado nacional de Cambiemos Fernando Iglesias), @santosjorgeh y @buchonsito01, entre otros. “Los casos de Fernando Iglesias y Eduardo Feinmann -afirma AI– merecen destacarse porque son a la vez destacadas figuras de generación y reproducción de mensajes intimidantes y de noticias falsas, a la vez que desempeñan un rol institucional como diputado por la gobernante Alianza Cambiemos, en el primer caso, y un rol público como conductor de programas de opinión e información en radio y televisión en emisoras que la ley califica como de ´interés público´ en el segundo caso”. El informe también analiza la particular distribución a lo largo del día de las cuentas que participan en las agresiones concertadas: concluye que entre las 2.00 y las 7.00 los usuarios de las cibertropas tienen mayor actividad en relación al conjunto. Además, sostienen su “trabajo” durante las 24 horas, lo que demuestra que parte importante de esas interacciones corresponde a programaciones automatizadas. De la actividad coordinada que refleja el informe se infiere que hay recursos económicos detrás. Para AI, el objetivo de estos ataques no sólo es descalificar a los periodistas o referentes de derechos humanos sino también el de funcionar como un dispositivo de disciplinamiento y autocensura. En este sentido, la organización de derechos humanos realizó una serie de recomendaciones, tanto al Estado como a las empresas de redes sociales. Entre ellas, llamó a ambos a “fortalecer y simplificar las herramientas de denuncia, dar respuesta a los usuarios ante comportamientos abusivos y generar normas de uso claras y transparentes”. Sostuvo que “el Gobierno y el resto de las formaciones políticas deben evitar la participación de sus representantes en la producción de noticias falsas con fines difamatorios, el discurso del odio y las acciones concertadas de ataques y agresión a periodistas y defensores de los derechos humanos”. Recomendó que el Estado y las empresas involucradas “deben crear o fortalecer mecanismos claros y objetivos (no valoraciones subjetivas o ideológicas) para la detección, la comunicación y el bloqueo de actividades de bots y cuentas automatizadas que se utilizan para manipular la opinión pública y difundir discursos de odio simulando un debate orgánico”. Fuente: [Leer más]

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